Hay frases que parecen amables hasta que las pensamos dos veces. “Yo respeto a los gays, pero que no se besen frente a mí”…“No tengo nada contra las personas trans, pero que no entren a ese baño”…”Cada quien puede hacer lo que quiera, mientras no se note”.
Y la favorita de quienes creen que están haciendo un enorme esfuerzo por convivir con la diversidad: “Yo los tolero”.
¡Qué alivio! Ya podemos respirar tranquilamente porque alguien ha decidido soportar nuestra existencia.
El problema es que los derechos humanos no funcionan así, nadie necesita la autorización de sus vecinos, de una institución religiosa, de una autoridad o de la persona sentada junto a ella en el transporte público para vivir su identidad, amar a quien ama o recibir atención médica sin discriminación.
Este 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, la comunidad LGBTIQ+ tiene razones para cuestionar una palabra que, utilizada desde la superioridad moral, puede convertirse en una manera elegante de decir: «No estoy de acuerdo con tu existencia, pero te aguanto».
La UNESCO no pidió que nos aguantáramos
Aquí viene una sorpresa para quienes utilizan la tolerancia como si fuera un favor, y es que en 1995, la UNESCO adoptó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que dio origen a esta conmemoración internacional. El documento no habla de soportar resignadamente a quienes son diferentes. Establece que la tolerancia implica respeto, reconocimiento de la diversidad y defensa de los derechos humanos.
Más todavía: su artículo 1.2 señala expresamente que la tolerancia no debe entenderse como concesión, condescendencia o indulgencia. Es decir, ni siquiera la declaración que dio origen a esta fecha respalda esa idea de que unas personas tienen el privilegio de decidir cuánto pueden existir las otras.
La declaración también recuerda que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar leyes justas, igualdad de oportunidades y protección contra la discriminación.
Entonces, quizá el problema no sea celebrar el Día Internacional de la Tolerancia. El problema comienza cuando lo celebramos con publicaciones bonitas, arcoíris y mensajes sobre el respeto, mientras seguimos posponiendo las decisiones necesarias para garantizar derechos.
Porque una cosa es compartir una frase inspiradora y otra muy distinta es aprobar una ley, investigar una agresión o asegurar que una persona trans pueda recibir atención médica sin ser humillada.
América Latina: donde la diversidad todavía tiene derechos pendientes
Nuestra región sabe celebrar el Orgullo, hay marchas multitudinarias, festivales, banderas en edificios y campañas publicitarias que descubren la diversidad cada junio. Pero cuando termina la música, la realidad no siempre es tan colorida.
Perú es un ejemplo particularmente revelador. De acuerdo con el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch, el país todavía no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo ni cuenta con un mecanismo general de reconocimiento legal de género para las personas trans. Tampoco dispone de una legislación integral contra la discriminación LGBT.
El informe advierte, además, que una ley promulgada en 2025 incluye restricciones sobre el uso de baños públicos basadas en el denominado sexo biológico, con posibles consecuencias para las personas trans.
No estamos hablando de si alguien acepta invitar a cenar a una pareja homosexual. Estamos hablando de derechos civiles, reconocimiento de identidad y acceso a espacios públicos.
Y Perú no es una excepción que permita al resto de América Latina sentirse satisfecho. Aunque varios países han avanzado en matrimonio igualitario, reconocimiento de identidad y protección legal, las experiencias de discriminación y las dificultades para ejercer esos derechos siguen siendo problemas regionales.
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Una ley puede reconocer la igualdad, pero su aplicación necesita instituciones, presupuestos, personal capacitado y mecanismos para denunciar abusos.
La igualdad escrita en una norma no basta si, al intentar ejercerla, alguien encuentra una puerta cerrada.
Cuando nuestros derechos se convierten en una campaña política
Hay otro asunto que merece atención: la diversidad sexual y de género se ha convertido en un tema recurrente de confrontación política. En julio de 2026, Cristian González Cabrera, investigador sénior de Human Rights Watch, publicó en El País un artículo titulado Los derechos de las personas LGBT se han vuelto un arma política en América Latina.
Su análisis explica cómo los discursos contra la llamada «ideología de género» se han articulado en distintos países para construir adversarios políticos y cuestionar avances en igualdad.
La reflexión es importante porque el debate no se limita a las personas LGBTIQ+. Cuando se debilitan las instituciones encargadas de proteger a grupos históricamente discriminados, también se pone a prueba la capacidad de una democracia para garantizar derechos a toda su población.
Por eso vale la pena leer el artículo completo:
La pregunta que deja sobre la mesa es pertinente: ¿queremos sociedades donde los derechos dependan de la popularidad de una comunidad o democracias donde estén protegidos incluso cuando resulten incómodos para ciertos sectores?
La región enfrenta, además, una situación preocupante. Según información difundida por AHF Latinoamérica y el Caribe en octubre de 2026, las nuevas infecciones por VIH en América Latina aumentaron 25% desde 2010, mientras que a escala mundial disminuyeron 42%.
Si realmente queremos aprovechar el Día Internacional de la Tolerancia, podemos comenzar por dejar de tratar los derechos LGBTIQ+ como una cuestión de simpatía personal.
Todavía hacen falta garantías efectivas contra la discriminación, reconocimiento de las identidades de género, protección frente a las violencias, acceso igualitario a la justicia, educación sexual basada en evidencia y servicios de salud libres de prejuicios.
Y aquí entra una palabra que quizá no resulte tan popular como tolerancia, pero que tiene una enorme importancia: incidencia, también conocida como advocacy. No se trata solamente de visibilizar problemas. Se trata de documentarlos, identificar sus causas, proponer soluciones y exigir respuestas a quienes tienen la responsabilidad de actuar.
Desde AHF Latinoamérica y el Caribe, el trabajo de prevención y atención del VIH está acompañado por acciones de incidencia para defender el acceso equitativo a la salud, combatir la discriminación y promover decisiones públicas que respondan a las necesidades de las comunidades.
Un ejemplo concreto ocurrió en 2026, cuando AHF y organizaciones de la sociedad civil impulsaron demandas de acceso más equitativo a lenacapavir, una herramienta de prevención del VIH. Tras cuestionamientos por la exclusión de países latinoamericanos de acuerdos iniciales, en septiembre se anunció un mecanismo de adquisición mediante la Organización Panamericana de la Salud para 14 países de la región.
El avance no resuelve automáticamente las barreras de acceso: todavía es necesario conocer condiciones como precios, disponibilidad y plazos. Pero demuestra por qué la incidencia importa. No basta con reconocer que una innovación médica puede salvar vidas; hay que trabajar para que las personas puedan acceder a ella.
Ese es el sentido de una comunicación que no se conforma con generar conciencia, sino que busca acompañar cambios concretos.
Desde Punto Sero creemos que las historias personales también pueden abrir conversaciones colectivas, cuestionar prejuicios y recordar que detrás de cada demanda de derechos hay vidas reales.
Así que este 16 de noviembre podemos hablar de tolerancia, claro. Pero no para agradecer que alguien nos soporte. Hablemos de respeto, de igualdad, de justicia y de todas las deudas que América Latina y el Caribe todavía tienen con las personas LGBTIQ+.
